CLANDESTINIDAD, NUNCA MÁS


El presidente Alberto Fernández anunció en un mensaje distribuido por redes sociales, el envío del proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Junto con esa iniciativa, que viene a cumplir una promesa electoral, envió otra que adelantó también en la apertura de sesiones ordinarias, el “Plan de los Mil días”, que establece un acompañamiento a la maternidad y la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos o hijas hasta los primeros tres años de vida.  
El proyecto de IVE fue elaborado bajo la coordinación de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, con aportes de un equipo interdisciplinario de especialistas de los ministerios de Salud y de Mujeres, Géneros y Diversidades y recoge los consensos del debate de 2018.
El proyecto despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, obliga a las obras sociales y prepagas, además de hospitales, a garantizar la práctica de manera gratuita. Define acciones vinculadas al derecho a la información, al acompañamiento en el cuidado de la salud integral e información adecuada, accesible, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Otro aspecto fundamental tiene que ver con reafirmar la obligación del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
Ambos proyectos tienen un objetivo común: acompañar y proteger a todas las mujeres y personas gestantes en todas las circunstancias en que decidan construir sus proyectos de vida. Es el reflejo de un Estado presente que integra en las políticas públicas las demandas, las agendas de las organizaciones sociales y los debates vinculados a temas de género.
Este paso fundamental es producto de la militancia de miles de mujeres que lograron hacer de sus banderas y sus luchas, políticas de estado. En el año 2005, se puso en marcha la Campaña Nacional por el Aborto Legal, que a partir del 2015, inundó las calles masivamente, con miles y miles de mujeres jóvenes, adultas, de diferentes procedencias, y con personas LGTBIQ+, interpelando a gran parte de la dirigencia política. Los enunciados de la Campaña quedarán marcados para siempre en las subjetividades de miles de personas: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.
Los derechos sexuales y reproductivos están siendo tema de agenda y debate porque su vulneración implica violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, y a la igualdad de las mujeres, lesbianas, niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país.  
Como dijo el presidente: “la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Sólo resuelve un problema que afecta a la salud pública”.
La voluntad política de la Casa Rosada es sacar al aborto de la clandestinidad y esto será factor clave para lograr las adhesiones necesarias para que la Argentina se convierta en faro de la “marea verde” en Latinoamérica.
La sanción de estas leyes nos acercará a una Argentina con justicia social. La despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, es una deuda de la democracia, una deuda con las más jóvenes, con las mujeres de los sectores más vulnerables. Será, sin duda, la victoria de los Derechos Humanos, de la salud pública y de la equidad de género.  
Por ello, desde este bloque Legislativo, acompañamos esta iniciativa y seguimos manifestando nuestro compromiso de continuar profundizando las agendas y demandas de las organizaciones feministas y de personas LGTBIQ+ de nuestra provincia. Ya no es posible mirar para otro lado, ya no hay marcha atrás para el avance del proceso democrático que otorgará este derecho a miles de mujeres y cuerpos gestantes, en el marco del gobierno nacional, popular, latinoamericano y feminista que estamos construyendo.