La Justicia imputó ayer al intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini por su manejo irregular de fondos nacionales para la construcción de 40 viviendas, firmado en 2014, durante su primera gestión.
La acusación de defraudación a la administración pública se centra en que esos recursos no fueron utilizados exclusivamente en ese objetivo, y que no se concluyeron aunque Nación remitió el 92% de los fondos convenidos. Esa transferencia, según la imputación, se cumplía con certificaciones de avance de obras falsificadas.
En realidad, este expediente contra Tamburrini integra la megacausa de Techo Digno, que ya lleva media docena de exjefe comunales imputados y también distintos empresarios. Todos por acusaciones del uso de esos fondos de convenios con Nación, firmados entre 2013 y 2015.
Esta ronda judicial tendrá en Cipolletti -el 1° de octubre- la audiencia por las ejecuciones de planes de Techo Digno en Fernández Oro, con imputaciones programadas contra el exintendente Juan Reggiani, y los constructores.
En Sierra Grande, la acusación alcanza además al empresario Guillermo Gazia, pero no participó de la víspera porque su abogado no pudo presentarse por cuestiones de salud. El defensor de Tamburrini es Daniel Mayor, que sostuvo la teoría general de inexistencia de perjuicio y la concreción de las viviendas.
Antes, el fiscal José Chirinos describió el hecho, a partir de un convenio en 2014 con Nación para construir 40 viviendas en Sierra Grande, que en abril de 2016 tenía un avance físico menor al 35% aunque su pago a la empresa Construcciones Normalizadas era del 55% del monto total. También insistió con el valor de las certificaciones de obras para los envíos de fondos nacionales y reiteró -como lo ocurrido en las otras causas- que las firmas de Tamburrini son apócrifas.
Después, habló el intendente Tamburrini para insistir que “es una persecución” y que la causa se reactiva en tiempos electorales, con los perjuicios que eso le ocasiona en lo personal y lo político.
Admitió que los certificados no llevan sus firmas, tras lo cual, aludió a las “omisiones” en la investigación, en referencia que no se avanzó en la responsabilidad de la falsificación. Aludió, en igual sentido, que no estaba en la audiencia el intendente que lo sucedió, Nélson Iribarren, quien realizó -dijo- pagos y siguió con las ejecuciones de las viviendas.
El juez Juan Brussino concluyó con la aceptación de los cargos fiscales y habilitó la continuidad de la investigación por las ejecuciones de Techo Digno en Sierra Grande. (RN)
