El pedido busca impulsar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 70 trabajadores de la empresa estatal Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera (HIPASAM) que realizaban una huelga en reclamo de mejores condiciones laborales a fines de 1975.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó este viernes como querellante en la causa que se sigue en la justicia federal de Río Negro por la represión ilegal a trabajadores de la empresa estatal Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera (HIPASAM) llevada adelante por fuerzas de seguridad y armadas en noviembre de 1975.
HIPASAM estaba ubicada en la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde se realizaba la extracción de hierro. El 8 de octubre de 1975, los trabajadores iniciaron una huelga por mejores condiciones laborales y aumentos salariales que tuvo un gran respaldo social y político. Los reclamos adquirieron una gran importancia a nivel nacional ya que buscaban la participación obrera en algunas áreas y ponían en cuestión la toma de decisiones monopolizadas por la Dirección de Fabricaciones Militares.
El 18 de noviembre, el V Cuerpo del Ejército encabezó un operativo represivo junto a policías federales y provinciales con el objetivo de eliminar lo que consideraban un “foco subversivo” en Sierra Grande.
Se realizaron allanamientos y detenciones ilegales, apremios, torturas y originaron innumerables privaciones de la libertad y la desaparición forzada de Julio Cesar Galizzi y Ricardo Del Rio. En total, el número de víctimas supera las 70 personas.
Muchos de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, otros trasladados el penal de Rawson o Viedma. Luego, muchos fueron despedidos y hasta obligados a exiliarse de la ciudad y las delegaciones sindicales fueron intervenidas.
La presentación de la Secretaría busca darle impulso a la investigación penal que comenzó hace varios años y que se cite a declaración indagatoria de forma urgente a los responsables individualizados hasta el momento.
Entre los imputados se encuentran varios expolicías provinciales ya condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, como los exagentes Rubén Alcides Codina y Manuel Víctor Lobos, quienes prestaba funciones en la comisaría de Sierra Grande, y Antonio Vicente Forchetti, quien se desempeñaba como comisario de la Policía Federal de Viedma con funciones en la localidad de Sierra Grande.
El escrito señala además la responsabilidad del exjuez Eduardo Cassano, quien conoció de la detención ilegal de personas que estaban realizando la huelga en HIPASAM, no adoptó ninguna actitud frente a la continua ejecución de los delitos que se cometían.
