En las últimas semanas comenzaron a llegar a distintos puntos del país, las actas de ‘foto multas’ captadas por un radar en la Ruta Nacional 3, a la altura de Sierra Grande, las cuales están fechadas en los meses de verano. Si al pasar por la ruta, el radar detectó que la velocidad fue superior a los 60 kilómetros por hora, se tomó una fotografía del vehículo y la patente, y ahora comenzaron a distribuirse las infracciones que superan los 12 mil pesos.
El no pago de las mismas no solo genera la deuda con el municipio de Sierra Grande, sino que la infracción quedará en el registro nacional y cuando se intente vender el auto, la multa aparecerá en el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).
Aunque, desde la Municipalidad defienden la modalidad, pero hay fallos judiciales, en otros distritos, que declararon “inconstitucional” las ‘foto multas’ por radares, al considerarse que no se trata de una medida preventiva de la seguridad vial, sino que tiene como único objetivo fines recaudatorios.
La polémica medida amenaza con transformarse en un escándalo porque a raíz de haber tomado estado público la situación, desde el Gobierno de la Provincia de Río Negro advirtieron que el “radar” municipal de Sierra Grande no están habilitado, ni autorizado a su funcionamiento.
El intendente interino de Sierra Grande, Guillermo Nápoli, admitió que conoce de las quejas, pero que es “inevitable” que a los que les llegó la multa hagan el descargo. En declaraciones a Fm Libre también de ese lugar, Nápoli reconoció que en las últimas semanas empezó a llegar una catarata de multas de controles que se hicieron en los primeros meses de este año, en plena temporada veraniega, sobre la ruta nacional 3 a la altura de Sierra Grande.
“Nosotros creemos que el radar es fundamental para la seguridad de nuestro pueblo, tenemos una ruta que nos atraviesa y que es de vital importancia, se tuvo de manera preventiva e independientemente que esté o no, si conocen la ley no pueden ir en zona urbana a más de 60 km/h”, desafió ante las quejas.
“Los chubutenses lo que tienen que hacer, primero, es circular en zona urbana a menos de 60 km y luego si les llega una multa que hagan un descargo”, aconsejó.
En septiembre un representante de la empresa Controles de Radar S.A., se reunió con el Concejo Municipal de Sierra Grande para informar sobre el proceso de ejecución de este sistema, confirmando efectivamente que desde los primeros meses del corriente año se realizó un indeterminado número de multas. Es decir, el municipio tiene tercerizado con una empresa privada la realización de las multas, y otro dato a tener en cuenta. Las multas que llegan por correo están despachadas en Córdoba.
UN RADAR “FLOJO DE PAPELES”
El escándalo escaló en las últimas horas, luego que desde la administración provincial de Alberto Weretilneck le bajaran el pulgar al sistema implementado por el municipio en una Ruta Nacional.
En tanto, el subsecretario de Seguridad vial de Río Negro, Marcelino Di Gregorio, aclaró que este tipo de radar “solo tiene fines preventivos”. El funcionario fue categórico: “Oficialmente, la Provincia no habilitó ningún radar en Río Negro”, tampoco “lo ha hecho Nación”, clarificó Di Gregorio.
La Agencia Vial de esa provincia notificó a los municipios que en el marco de la nueva legislación rionegrina implementada en agosto de este año “se encuentra en análisis y elaboración” un protocolo de actuación, “y se avisa que hasta tanto no se apruebe ese protocolo el gobierno de Río Negro no autoriza radares en la provincia”.
INCONSTITUCIONAL
En las redes sociales circulan fotografías y videos que registraron el accionar de una camionera que se ubica en inmediaciones de las estaciones de servicio de Sierra Grande y con una puerta entre abierta, graba a quienes transitan por la ruta. Con todo, este año hubo una sentencia en la justicia federal que determinó que las “foto multas” son inconstitucionales, dado que no tienen fines preventivos de ningún tipo, sino que persiguen un “afán recaudatorio”.
Frente a este escenario el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, hizo lugar al recurso de amparo presentado por un turista y declaró que las fotomultas por exceso de velocidad que se realizan en las rutas nacionales son inconstitucionales. En un extenso fallo, el juez Alonso cuestionó a la Policía de Misiones porque no aplicó la metodología establecida en el artículo 70 del Reglamento Nacional de Tránsito, sino que sólo se limitó a aplicar un sistema automático “que no puede actuar como mecanismo preventivo de siniestralidad vial”. Para el juez, “más que el interés en la seguridad y la finalidad de obtener la introyección en los automovilistas de pautas de conducta de respeto a los derechos de los demás, el móvil meramente recaudatorio o fiscalista es el perseguido”, detalló el Diario de Madryn. (Fuente El Patagónico)